El régimen arrinconó este miércoles a la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal (Cubalex), según denunció ella misma a DIARIO DE CUBA.

«Salgo mañana del país y no puedo regresar a la Isla porque estoy en riesgo de ser procesada. Es una forma sutil de expulsarme», denunció Diversent.

En la tarde de este miércoles fue citada a la Fiscalía General de la República donde se le notificó sobre el resultado del proceso iniciado contra Cubalex el pasado 23 de septiembre.

Cubalex, que ofrece asesoría legal gratuita y elabora informes sobre violaciones de derechos humanos en la Isla para organismos internacionales, sufrió el pasado 23 de septiembre un violento allanamiento de su sede.

Esa acción fue el inicio de una investigación de la Fiscalía General a la organización que podría tener «consecuencias penales para sus integrantes» y de la que los abogados no habían tenido respuestas hasta este miércoles.

«Ellos determinaron que estábamos funcionando sin autorización. Dijeron que (la asesoría legal) no estaba reconocida como actividad de trabajo por cuenta propia. La tutoría legal solo la puede ejercer el Estado. Dijeron que estábamos violando las regulaciones del trabajo por cuenta propia y que estábamos recibiendo financiación de EEUU. Afirmaron hasta que en mi casa había violaciones de las regulaciones urbanísticas, que se falsificaron documentos para lograr la legalización del inmueble», detalló Diversent a DDC.

Asimismo, denunció que las autoridades le sugirieron la posibilidad de un proceso legal en su contra.

«Dijeron que ellos tenían para acusarme de falsificación de documentos de carácter continuado y cohecho. También que tenían una prohibición de salida del país, que yo pude verificar el viernes pasado cuando fui a solicitar la prórroga mi pasaporte. Ellos dicen que van a levantarme esta restricción, pero que si regreso a Cuba ellos van a volver a activar esta investigación. Y ya podemos imaginar las consecuencias», relató la abogada.

Diversent señaló que en los próximos días y debido a este hostigamiento que se ha intensificado contra su organización, todos sus miembros comenzarán a abandonar el país.

«A partir de mañana y hasta el 25 de mayo, el grupo de Cubalex va a salir de manera gradual por completo del país a través de refugio político. Consideramos que estamos en riesgo. Lo que pasó hoy confirma que es imposible continuar con el trabajo de la organización dentro de Cuba. Mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando. Todavía hay dos miembros de la organización que están en proceso y tememos por ello: Julio Ferrer que está privado de libertad y Julio Iglesias que todavía está en el proceso», explicó.

«Yo, mi familia, mi vida, todo está en riesgo», concluyó Diversent.

El hostigamiento del régimen contra Cubalex comenzó el pasado mes de septiembre cuando las autoridades confiscaron en la sede de la organización equipos de trabajo y documentos de los casos.

Por su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, las autoridades cubanas califican a los abogados de Cubalex como «un grupúsculo de mercenarios que reciben fondos de organizaciones radicadas en los Estados Unidos».

En las «supuestas ‘entrevistas’» realizadas a los integrantes del proyecto, los funcionarios del régimen «han mostrado documentos financieros de la organización, obtenidos de manera subrepticia, manipulados, y publicados en páginas web afines al Gobierno, que desacreditan nuestro trabajo», denunció Cubalex.

La ministra de Justicia, María Esther Reus, en octubre declaró «sin lugar» el recurso de alzada que la asociación Cubalex presentó contra la decisión de julio del Departamento de Asociaciones de negar a la entidad el derecho a constituirse.

Cerradas las vías legales de constituirse como asociación, con uno de sus abogados en prisión y los otros siendo entrevistados por la Fiscalía, más las amenazas de un proceso legal, Cubalex ha decidido trasladarse fuera de la Isla.